Un tribunal especial peruano encontró culpable de delitos contra los derechos humanos al ex presidente Alberto Fujimori, en tanto que el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense (National Security Archive) colocó en su sitio web http://www.gwu.edu/~nsarchiv/ documentos desclasificados que fueron presentados como prueba en los procedimientos judiciales. Los registros contienen informes de inteligencia desclasificados recogidos por funcionarios de Estados Unidos de fuentes secretas peruanas acerca de la creación de "equipos de asesinato", como parte de las operaciones contraterroristas del gobierno de Alberto Fujimori, el papel de las fuerzas de seguridad peruanas en la transgresión de los derechos humanos y la participación de Fujimori en la protección de los militares investigados
Fujimori fue procesado por la ejecución de catorce adultos y uno niño de ocho años de edad, el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos y el secuestro, desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, el 18 de julio de 1992. Ambas atrocidades fueron cometidas por un escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, se cree que fueron supervisados por el más cercano asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Fujimori, quien fue presidente de Perú desde 1990 hasta 2000, cuando se vio obligado a dimitir en un gran escándalo de corrupción, también fue condenado por el secuestro de un conocido periodista, Gustavo Gorriti, en abril de 1992, y un destacado empresario, Samuel Dyer el 27 de julio de 1992. El juicio comenzó el 10 de diciembre de 2007. Desde entonces, docenas de testigos han brindado su testimonio sobre la responsabilidad de Fujimori como comandante en jefe de las operaciones de sus fuerzas de seguridad.
En septiembre de 2008, la analista senior Kate Doyle, brindó testimonio experto en el juicio sobre la naturaleza de 21 documentos estadounidenses presentados al tribunal como prueba por el equipo de enjuiciamiento. En su testimonio, la especialista señaló que los documentos reflejan las conclusiones de la embajada norteamericana que indican que Fujimori había incurrido en una "estrategia encubierta para luchar agresivamente contra la subversión a través de operaciones de terror, haciendo caso omiso de los derechos humanos y las normas jurídicas".
Entre los principales documentos utilizados durante el juicio figura un informe clasificado como secreto de la embajada de EE.UU., basado en un informe de un ex agente de inteligencia peruano el cual indica que desde agosto de 1990, días después de la elección de Fujimori como presidente del Perú, éste había previsto un plan de lucha contra la subversión de dos niveles: una política pública que adhería los derechos humanos, y un conjunto de operaciones encubiertas que incluyeron las operaciones especiales del ejército a través de unidades que ejecutaban asesinatos extra-judiciales ".
El enjuiciamiento de Fujimori llega diez años después de la pionera detención del general Augusto Pinochet, y es parte de un acelerado movimiento en América Latina para hacer que los violadores de los Derechos Humanos rindan cuentas. "El ejercicio de la justicia en el caso Fujimori envía una señal para América Latina, y los Estados Unidos, que los que autorizan violaciones de los derechos humanos en el nombre de la lucha contra el terrorismo no son inmunes a la persecución", señaló Peter Kornbluh, analista senior del National Security Archive.
Leyenda: Cable secreto de la embajada de los EE.UU., del 23 de agosto de 1990 dando cuenta que sólo unas semanas después de la elección de Fujimori, un oficial de inteligencia que trabajaba con el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), informó a funcionarios de la Embajada de EE.UU. de un plan encubierto, supuestamente propuesto por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales de sospechosos de terroristas. "La formación de estos nuevos equipos de asesinato ya está en marcha", informó la fuente. También dijo que el plan tenía "la aprobación tácita del presidente Fujimori".
Fujimori fue procesado por la ejecución de catorce adultos y uno niño de ocho años de edad, el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos y el secuestro, desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, el 18 de julio de 1992. Ambas atrocidades fueron cometidas por un escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, se cree que fueron supervisados por el más cercano asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Fujimori, quien fue presidente de Perú desde 1990 hasta 2000, cuando se vio obligado a dimitir en un gran escándalo de corrupción, también fue condenado por el secuestro de un conocido periodista, Gustavo Gorriti, en abril de 1992, y un destacado empresario, Samuel Dyer el 27 de julio de 1992. El juicio comenzó el 10 de diciembre de 2007. Desde entonces, docenas de testigos han brindado su testimonio sobre la responsabilidad de Fujimori como comandante en jefe de las operaciones de sus fuerzas de seguridad.
En septiembre de 2008, la analista senior Kate Doyle, brindó testimonio experto en el juicio sobre la naturaleza de 21 documentos estadounidenses presentados al tribunal como prueba por el equipo de enjuiciamiento. En su testimonio, la especialista señaló que los documentos reflejan las conclusiones de la embajada norteamericana que indican que Fujimori había incurrido en una "estrategia encubierta para luchar agresivamente contra la subversión a través de operaciones de terror, haciendo caso omiso de los derechos humanos y las normas jurídicas".
Entre los principales documentos utilizados durante el juicio figura un informe clasificado como secreto de la embajada de EE.UU., basado en un informe de un ex agente de inteligencia peruano el cual indica que desde agosto de 1990, días después de la elección de Fujimori como presidente del Perú, éste había previsto un plan de lucha contra la subversión de dos niveles: una política pública que adhería los derechos humanos, y un conjunto de operaciones encubiertas que incluyeron las operaciones especiales del ejército a través de unidades que ejecutaban asesinatos extra-judiciales ".
El enjuiciamiento de Fujimori llega diez años después de la pionera detención del general Augusto Pinochet, y es parte de un acelerado movimiento en América Latina para hacer que los violadores de los Derechos Humanos rindan cuentas. "El ejercicio de la justicia en el caso Fujimori envía una señal para América Latina, y los Estados Unidos, que los que autorizan violaciones de los derechos humanos en el nombre de la lucha contra el terrorismo no son inmunes a la persecución", señaló Peter Kornbluh, analista senior del National Security Archive.
Leyenda: Cable secreto de la embajada de los EE.UU., del 23 de agosto de 1990 dando cuenta que sólo unas semanas después de la elección de Fujimori, un oficial de inteligencia que trabajaba con el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), informó a funcionarios de la Embajada de EE.UU. de un plan encubierto, supuestamente propuesto por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales de sospechosos de terroristas. "La formación de estos nuevos equipos de asesinato ya está en marcha", informó la fuente. También dijo que el plan tenía "la aprobación tácita del presidente Fujimori".
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