Perú. Un mal precedente y una puerta abierta para que otras empresas incumplan sus PAMAS o EIAS podría originar el Gobierno si otorga una prórroga a Doe Run para que cumpla con su Programa de Adecuación Ambiental (PAMA). Así lo señaló la legisladora Fabiola Morales Castillo –presidenta del Grupo de Trabajo de Producción Limpia, Actividades Minero Energéticas y la Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos Ambientales, PAMAS y EIAS–, quien pidió al Gobierno conciliar los intereses económicos con la salud de la población y el cuidado ambiental.
Como se sabe, el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar el plazo del PAMA a Doe Run, el cual vence el 31 de octubre del presente año, fecha en la que está establecida que la empresa termine de construir la planta de tratamiento de ácido sulfúrico. No obstante, "si se amplia el plazo nuevamente no sólo se va a crear un mal precedente, sino que restaría seriedad a estos instrumentos de gestión ambiental como son los PAMAS, pues sería un síntoma de que éstos no se están elaborando de forma técnica y seria, como estos proyectos de adecuación ambiental lo ameritan, ya que inciden directamente en la salud de la población", dijo la congresista.
Morales Castillo refirió que los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental son instrumentos de gestión ambiental contemplados en la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611). Los PAMAS sirven "para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento", afirmó.
En estos instrumentos de gestión, explicó la parlamentaria, están establecidas "las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda. Los informes sustentatorios de la definición de plazos y medidas de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de cualquier persona interesada", dijo y subrayó que de acuerdo a ley el incumplimiento de las acciones definidas en los PAMA, sea durante su vigencia o al final de éste, se sanciona administrativamente, independientemente de la sanciones civiles o penales a que haya lugar.
Compromiso ante el Congreso
Morales Castillo también mostró su extrañeza porque en abril del año pasado ante el Grupo de Trabajo de Producción Limpia, Actividades Minero Energéticas y la Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos Ambientales, PAMAS y EIAS de la Comisión de Energía y Minas, representantes de la empresa Doe Run aseguraron que en noviembre de este año estará concluido el Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA), cuyo costo se elevó de 107 millones de dólares a 244 millones, y señalaron que de esta manera "se concluirá con los compromisos asumidos con el gobierno".
Los ingenieros Juan Carlos Huyhua y José Mogrovejo, Gerente General, y vicepresidente del Área Ambiental, respectivamente, de la empresa minera, se presentaron ante este Grupo de Trabajo presidido por la congresista Dra. Fabiola Morales Castillo. Indicaron que habían cumplido ocho de los nueve proyectos de mejoramiento del medio ambiente, tratamiento de las aguas residuales, residuos sólidos y escorias derivadas al río. En esa fecha, también anunciaron la construcción de la planta de tratamiento de ácido sulfúrico. José Mogrovejo, quien expuso ampliamente el trabajo que lleva adelante Doe Run, expresó que solo en el PAMA han invertido 244,5 millones de dólares.
Plomo en sangre de niños
La parlamentaria señaló que como presidenta del Grupo de Trabajo ha sido permanente en fiscalizar a esta empresa, por lo cual citó por segunda vez a sus funcionarios en octubre del año pasado, fecha en que los representantes de la mencionada compañía ratificaron que el PAMA sería cumplido en octubre de este año.
Incluso, manifestaron que los niveles de plomo en la sangre de los niños de La Oroya había disminuido, puesto que los funcionarios indicaron que en el 2004 se registraron 35 microgramos de plomo en la sangre de los niños afectados y que el 2008 la cifra se redujo a 26 microgramos, a pesar de que dicho índice aún sobrepasa lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (el máximo permitido por la OMS es 10 mg). Manifestó que sobre este aspecto debe pronunciarse DIGESA y debe ser permanentemente vigilado por las autoridades correspondientes.
Dijo, además, que la prioridad del Estado debe ser la salud de la población y el cuidado del medio ambiente.
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