martes, 11 de diciembre de 2007

SENTENCIA A SEIS AÑOS A FUJIMORI


Trujillo. El ex presidente Alberto Fujimori fue sentenciado a seis años de prisión y al pago de una reparación civil de 400 mil nuevos soles por el allanamiento a la vivienda de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor Vladimiro Montesinos, en el 2000.Se trata de la primera sentencia contra el ex mandatario dictada en la Sala Penal Especial, instalada en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) en Ate Vitarte.El vocal de instrucción de la Corte Suprema, Pedro Urbina Ganvini, leyó la sentencia contra Fujimori, que lo sindica como inductor del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.Luego de escuchar el veredicto y consultar con su abogado, César Nakasaki, el ex jefe de Estado anunció que presentará un recurso de apelación parcial a la pena y a la sanción económica dispuesta por el tribunal.El 7 de noviembre del 2000, después de que Montesinos huyera del Perú tras difundirse unos videos donde se le ve cometiendo actos de corrupción, un destacamento de la policía revisó la casa de Trinidad Becerra. Fujimori supuestamente también ordenó ingresar a otro piso del mismo inmueble, de propiedad de Becerra, de donde se extrajo gran cantidad de maletas y cajas.Según la acusación, entre el material requisado se escondían los denominados 'vladivideos', que fueron retirados del lugar sin ser inventariados ni levantarse un acta, para después trasladarlos al Grupo Aéreo Número 8, donde se entregaron al ex gobernante. Una semana después, el entonces jefe de Estado abordaba un avión que le llevó a Japón, de donde presentó su renuncia vía fax, bajo la sospecha de que se llevó gran cantidad de material comprometedor.Este proceso empezó en el 2003 y entre los sentenciados están el ex ministro del Interior Fernando Dianderas y el ex primer ministro Alberto Bustamante, condenados a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente, así como el falso fiscal, Manuel Ubilluz, a siete años de prisión.El miércoles, Fujimori se volverá a presentar ante el tribunal que preside César San Martín para responder por las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos y los secuestros en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

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