Lima, dic. 16 (ANDINA).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentará al Congreso un proyecto de ley para incluir la incapacidad moral como una causal de vacancia de alcaldes y presidentes de gobiernos regionales, informó su miembro titular Gastón Soto Vallenas.
En declaraciones a la Agencia Andina, el magistrado señaló que si esa causal de vacancia existe para el presidente de la República, que es la más alta autoridad política del país, no hay razón para que también sea extensiva a las autoridades locales y regionales.
Señaló que a diferencia de lo que ocurre con el mandatario, donde es el Congreso el que determina la incapacidad moral, en el caso de alcaldes y presidentes regionales sería sus respectivos consejos en primera instancia, con la posibilidad de apelar al propio JNE.
Soto Vallenas indicó que seguramente el tema generará polémica entre congresistas y las autoridades aludidas, pero recalcó la necesidad de que la honestidad de los funcionarios públicos sea evaluada en todos los campos, no solo en lo político, penal o administrativo, sino también el moral y ético.
A su juicio, un buen punto de partido para determinar la incapacidad moral de dichas autoridades podría ser el Código de Ètica del Funcionario Pública, donde se determina claramente las circunstancias en las que, sin caer en el delito penal, incurre en una falta moral.
Agregó que otra alternativa podría ser que el Congreso apruebe un código especial para dichas autoridades, recogiendo un poco la realidad y situaciones propias en el ejercicio del gobierno local y regional.
En declaraciones a la Agencia Andina, el magistrado señaló que si esa causal de vacancia existe para el presidente de la República, que es la más alta autoridad política del país, no hay razón para que también sea extensiva a las autoridades locales y regionales.
Señaló que a diferencia de lo que ocurre con el mandatario, donde es el Congreso el que determina la incapacidad moral, en el caso de alcaldes y presidentes regionales sería sus respectivos consejos en primera instancia, con la posibilidad de apelar al propio JNE.
Soto Vallenas indicó que seguramente el tema generará polémica entre congresistas y las autoridades aludidas, pero recalcó la necesidad de que la honestidad de los funcionarios públicos sea evaluada en todos los campos, no solo en lo político, penal o administrativo, sino también el moral y ético.
A su juicio, un buen punto de partido para determinar la incapacidad moral de dichas autoridades podría ser el Código de Ètica del Funcionario Pública, donde se determina claramente las circunstancias en las que, sin caer en el delito penal, incurre en una falta moral.
Agregó que otra alternativa podría ser que el Congreso apruebe un código especial para dichas autoridades, recogiendo un poco la realidad y situaciones propias en el ejercicio del gobierno local y regional.
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