Trujillo. No sólo intenta sorprender con marchas donde involucra a terceras personas haciéndolos pasar por casagrandinos, sino que el congresista Elías Rodriguez, quien nos viene demostrando su escasa convocatoria en nuestra zona, ahora nos hace sospechar que sus verdaderos intereses podrían estar orientados hacia la defensa de una empresa offshore vinculada al grupo Oviedo actuales administradores de Tumán y Pomalca (Palwomd Financial Corporation). Esta empresa como tantas otras que se inventaron deudas en las épocas críticas de Casa Grande, ha intentado sin éxito convertirse en un acreedor de nuestra empresa y cobrar importantes sumas de dinero. Y, un proceso judicial que deberían resolverse sólo entre los involucrados al parecer estaría teniendo una intromisión mediática por parte del congresista, quien de manera inconstitucional pretende dejarnos sin protección patrimonial según él para favorecer a trabajadores y extrabajadores, ausentes en sus marchas, señaló el abogado de la azucarera Lenin Martín.
Explicó que Casa Grande ha iniciado una acción de amparo en el Primer Juzgado Civil de Ascope contra un párrafo de la ley 29299 mediante el cual por intermedio de un “precise” interpretativo pretende irrogar efectos retroactivos y suprimir el plazo inicial de una protección patrimonial hasta junio del 2009 conforme lo señala la ley 28027 y la ley 28885 expedida en setiembre del 2006 y que garantizaba cumplir con su cronograma de pagos de acreencias mientras se crecía en las inversiones.
La azucarera ha invertido más de 45 millones de dólares a la fecha garantizando un sostenido reflotamiento económico que le ha permitido mejorar sus campos y su fábrica, pagar puntualmente los salarios de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales de los mismos. Una realidad completamente ajena a la que el congresista está interesado en notar o probablemente la confunde con otras azucareras que podrían gozar de una mayor simpatía suya, sino como explica que únicamente haya favorecido con protección patrimonial a las azucareras chiclayanas, sostuvo.
En el caso de la queja interpuesta por la empresa Palwomd Financial, en contra de la Juez de Ascope por el proceso 1398-2006 señaló que dicho proceso y su impulso procesal fue pretender cobrar una millonaria suma por deudas contraídas entre Enero y Junio del 2003.
Estas supuestas deudas fueron contraídas por terceras personas y ex trabajadores. Casa Grande no adquirió esta deuda, ni está obligada al pago, situación que ha sido amparada por la magistrada ya que dichos actos no obligan a la sociedad por ausencia de sus verdaderos representantes, situación que conoce perfectamente el congresista.
Sin embargo, lo que más resulta sorprendente y por ende extraño es que ahora el referido congresista defienda el caso de una empresa cuyos intereses privados nada tiene que ver con el interés público al que un congresista de la república representa. Esta actitud deja entrever que pueda existir interés de un grupo azucarero en toda esta campaña publicitaria en contra de Casa Grande, lo cual de comprobarse generaría una desazón política y alguna infracción penal contra estos actos.
Explicó que Casa Grande ha iniciado una acción de amparo en el Primer Juzgado Civil de Ascope contra un párrafo de la ley 29299 mediante el cual por intermedio de un “precise” interpretativo pretende irrogar efectos retroactivos y suprimir el plazo inicial de una protección patrimonial hasta junio del 2009 conforme lo señala la ley 28027 y la ley 28885 expedida en setiembre del 2006 y que garantizaba cumplir con su cronograma de pagos de acreencias mientras se crecía en las inversiones.
La azucarera ha invertido más de 45 millones de dólares a la fecha garantizando un sostenido reflotamiento económico que le ha permitido mejorar sus campos y su fábrica, pagar puntualmente los salarios de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales de los mismos. Una realidad completamente ajena a la que el congresista está interesado en notar o probablemente la confunde con otras azucareras que podrían gozar de una mayor simpatía suya, sino como explica que únicamente haya favorecido con protección patrimonial a las azucareras chiclayanas, sostuvo.
En el caso de la queja interpuesta por la empresa Palwomd Financial, en contra de la Juez de Ascope por el proceso 1398-2006 señaló que dicho proceso y su impulso procesal fue pretender cobrar una millonaria suma por deudas contraídas entre Enero y Junio del 2003.
Estas supuestas deudas fueron contraídas por terceras personas y ex trabajadores. Casa Grande no adquirió esta deuda, ni está obligada al pago, situación que ha sido amparada por la magistrada ya que dichos actos no obligan a la sociedad por ausencia de sus verdaderos representantes, situación que conoce perfectamente el congresista.
Sin embargo, lo que más resulta sorprendente y por ende extraño es que ahora el referido congresista defienda el caso de una empresa cuyos intereses privados nada tiene que ver con el interés público al que un congresista de la república representa. Esta actitud deja entrever que pueda existir interés de un grupo azucarero en toda esta campaña publicitaria en contra de Casa Grande, lo cual de comprobarse generaría una desazón política y alguna infracción penal contra estos actos.
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